Son muchos los ejemplos de gobiernos que, en el siglo XXI, se han aprovechado de su poder para crear o transformar reglas electorales en su beneficio, buscando garantizar su permanencia —a veces durante décadas— en el poder (la señoría).
En América Latina esto resulta evidente en la constante pretensión de modificar constituciones. En países donde no existía la reelección inmediata, se creó esa figura e incluso se ampliaron los mandatos. Perú fue pionero con Alberto Fujimori tras el autogolpe de 1992; luego Venezuela, de manera más sofisticada, con la Constitución Bolivariana de Chávez y, después, con fraudes electorales primero sutiles y luego descarados. Están también los trucos de Evo Morales en Bolivia; las sentencias de «tribunales» en El Salvador que permiten nuevas reelecciones de Bukele; las acusaciones de Gustavo Petro de que el órgano electoral colombiano favoreció a la oposición; el fallido autogolpe de Pedro Castillo y los persistentes intentos de sus seguidores por cambiar la narrativa de lo que toda una nación vio en vivo y en directo, además de insistir en una nueva Constitución a lo Chávez o Evo; y, más recientemente, las declaraciones anacrónicas, a lo Fidel Castro, de Daniel Ortega anunciando que en Nicaragua no habrá más elecciones.
Nuestro continente gana, sin duda, en cambiar constituciones para confeccionar leyes a la medida de los caudillos. Desde la independencia, los países latinoamericanos han tenido más de doscientas cartas magnas.
CARÍCATURA DE FERNANDO PINILLA. FUENTE: https://x.com/FMPinilla/status/800165730721366016
Pero hoy existen otras tretas. Trump jamás ha reconocido su derrota de 2020 y, mediante el gerrymandering, gobernadores estadounidenses intentan redibujar distritos electorales según la composición de sus poblaciones para favorecer a su partido. El propio Trump intenta modificar aspectos del registro electoral y del voto por correo.
En Israel, Netanyahu se juega su continuidad en las elecciones parlamentarias de octubre. Además de politizar el sistema judicial, su gobierno ha aprobado leyes que aumentan su control sobre la Fiscalía y ejercen una influencia creciente sobre los medios.
En España, Pedro Sánchez ha flexibilizado desde 2024 las vías de regularización de extranjeros y en 2026 impulsó una legalización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular. No significa que puedan votar en las próximas elecciones —aunque algunos eventualmente se nacionalicen—, pero sí permite al Gobierno presentar una política de integración y de incorporación de trabajadores extranjeros. Sánchez, hábilmente, no necesita imponerse sobre las instituciones: puede hacer política desde el poder para ampliar sus probabilidades de conservarlo.
