Todo acusado tiene derecho a ser procesado y, para ello, requiere un abogado. Este principio —propio de toda constitución democrática— implica que los derechos humanos alcanzan incluso a quienes no los respetan. Es una de las grandes conquistas del liberalismo político de los siglos XIX y XX: evitar que alguien quede indefenso frente al poder. Sin embargo, en la práctica, este axioma suele resultarnos incómodo. Muchas personas se indignan cuando un abogado defiende a corruptos; pero la incomodidad crece cuando se trata de responsables de genocidios o masacres.
El tema cobra actualidad con el abogado de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York, Barry J. Pollack. Aunque no los defiende por crímenes de lesa humanidad, sino por narcotráfico y otros delitos, conoce el historial de sus clientes, incluidas denuncias por violaciones a los derechos humanos. Pollack ha representado además a figuras poderosas en casos notorios como Enron, Paul Manafort, Roger Stone y Julian Assange. ¿Esto implica falta de ética? No necesariamente. Pero sí sugiere una preferencia por casos de alta rentabilidad y visibilidad, donde el prestigio y la notoriedad también cuentan.
La cuestión se vuelve más compleja cuando la defensa recae sobre quienes han ordenado torturas o exterminios. El caso de Hermann Göring en los Juicios de Núremberg (1945-1946), recreados en “Nuremberg” (2026), es ilustrativo. Su abogado, el Dr Dr. Otto Stahmer, alegó obediencia debida, argumento repetido por otros jerarcas nazis y por Adolf Eichmann en Jerusalén.
Otto Stammer, abogado de Göring.
Eludir responsabilidades mediante recursos jurídicos ha sido una estrategia frecuente de los poderosos. Para ello hay abogados dispuestos a defenderlos, por dinero, prestigio o convicción. Figuras como Jacques Vergès, defensor de Pol Pot, Klaus Barbie o Carlos “el Chacal”, encarnan esa ambigüedad: garantizan un derecho esencial, pero también evidencian que, a veces, la ética queda más en el discurso que en la práctica.
Ariel Segal Blog 
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