A comienzos del 2015, el primer medio de comunicación que reportó con certeza lo que era un secreto a voces desde hace años en Venezuela, la existencia de una mafia político-militar liderada por el cogobernante de Venezuela, Diosdado Cabello, fue el diario ABC de España.
Para ese momento, un miembro de la Casa Militar, Leamsy Salazar, ex custodio de Chávez y de Cabello, negoció con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York detallar información sobre el llamado Cártel de los Soles, con la que se demostraba que la cúpula gobernante de Venezuela es un narcoestado que asiste y protege rutas de la droga que se dirigen a Estados Unidos.
Según la información de Salazar y otros desertores del chavismo, que investigó el diario ABC y luego otros medios, cinco toneladas de drogas que en un 90% entran a Venezuela por la frontera colombiana a través de las FARC y resguarda por militares chavistas a órdenes de Cabello y bajo complicidad de Maduro monopolizan la mayor industria de narcotráfico del país caribeño.
Desde entonces, información proveída por la DEA y otros reportajes han ido cercando políticamente al Cártel de los Soles hasta el punto que Cabello demandó por difamación a medios venezolanos tan solo por reproducir esa información y los llevó a la quiebra.
La captura de la semana pasada, en Haití, de familiares de la primera dama venezolana involucrados en tráfico de cocaína –quienes ahora deberán otorgar más información para evitar que la Fiscalía de Nueva York pida para ellos la cadena perpetua, va confirmando lo que el régimen chavista ha intentado ocultar sin éxito.
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Algunos analistas especulan que hay un enfrentamiento en el chavismo entre grupos contrarios al Cártel de los Soles e incluso, sectores opuestos a estos.
En esta situación, más la crítica de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU a las instituciones jurídicas venezolanas por sus sentencias de carácter político, y la carta del secretario de la OEA, Almagro, denunciando que las condiciones para las elecciones parlamentarias de diciembre no son justas ni transparentes.
Ante todo lo anterior, ¿seguirán los jefes de Estado latinoamericanos que se definen como “demócratas” e “incorruptibles” siendo cómplices con la mafia dictatorial que gobierna a Venezuela?
Ariel Segal Blog 
¿Pero, poniéndome del lado del diablo, al afirmar un jefe de estado que Venezuela es una dictadura o un autoritarismo, no estarían incurriendo en un acto de injerencia en los asuntos de otro estado? Aparte, formalmente Venezuela cumple con realizar elecciones, aunque la cancha esté inclinada, razón por la cual no podría invocarse al art. 1 de la Carta Democrática Interamericana. Saludos.
Es que la Carta Democrática de la OEA se trata de eso, del principio de tomar medidas contra grupos o gobiernos que amenazan o acaban con la democracia de uno de sus países miembros, y eso implica intervención (por ejemplo, boicot económico, etc.) Si no, para que se firmó ese acuerdo?
La injerencia es permitida incluso por la ONU en determinados casos, sino, volvemos al cada quien haga lo que quiera y los poderosos explotan, matan o privan de sus derechos a los debiles. Ariel