El conflicto del Sahara Occidental, un territorio al noroeste de África, comenzó luego de que España lo descolonizó en 1975 y Marruecos, al año siguiente, lo ocupó con la llamada ¨Marcha Verde¨, transportando con convoyes militares a 300 mil civiles a residenciarse en esa ex colonia – un territorio poco poblado- para luego anexionarlo sin el consentimiento de la ONU. En 1973, con el telón de fondo de la ¨Guerra Fría¨, surge un movimiento independista, el Frente Polisario, que exige la creación de la República Árabe Sahaurí Democrática (RASD) con apoyo financiero y militar de otro país fronterizo, Argelia, aliado, entonces, de la Unión Soviética.

Desde entonces Marruecos y Argelia mantienen tensiones por esta zona rica en yacimientos de fosfato, petróleo y gas; la ONU exige que se cumpla un referéndum por la independencia por parte de la población nativa que no incluya a decenas de miles de marroquíes que han sido desplazados al Sahara Occidental, y unos pocos países del mundo reconocen a la RASD, aunque oficialmente no exista. En el juego de intereses mundial, las naciones que apoyan la independencia de la RASD se identifican con los intereses de la auto proclamada republica socialista de Argelia (Cuba, Venezuela, Nicaragua, etc.) y los que lo hacen con la monarquía marroquí es por su tendencia pro occidental capitalista. Quizá por eso, cuando el gobierno de Castillo llegó al poder, por razones ideológicas y no humanitarias, reconoció a la RASD como país independiente, pero recientemente un nuevo canciller anuló esta decisión.

En este contexto lució surrealista que una vocera del partido supuestamente socialista progresista, Juntos por el Perú, en una reciente interpelación del congreso al primer ministro, en lugar de criticar la falta de respuesta del gobierno a torturas a mujeres realizadas y filmadas por un grupo de campesinos o reclamar la falta de paridad de género en los ministerios, entre otras agendas de igualdad de derechos para minorías que están en la agenda de todo movimientos progresista mundial, le pareciera prioritario reclamar la decisión de cancillería sobre la RASD.
En un país con gravísimos problemas sociales, económicos y con un gobierno plagado de escándalos de corrupción y discursos de odio fue surrealista que el problema del reconocimiento de la RASD fuese el reclamo de la vocera de un partido «progresista¨ al primer ministro de un presidente cuando su partido Juntos por el Perú, tiene afinidad al gobierno al cual han salvado de dos impeachments.
El supuesto progresismo peruano ha resultado un pro-regresionismo.








