La decisión del presidente Nayib Bukele, de reemplazar a todos los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general de El Salvador Raúl Melara, sustituyéndolos inmediatamente, es un golpe de estado desde el poder gracias a los votos de los recién elegidos parlamentarios (mayoría absoluta de su partido), que desmembraron a dos instituciones independientes del ejecutivo y el legislativo, sin respetar los plazos que les correspondían a estos miembros del poder judicial.
Lo ocurrido es una prueba más de que el autoritarismo puede ser de derecha, de izquierda o simplemente personalista, que aprovechando una popularidad coyuntural, cualquier presidente puede patear el tablero de la democracia.
Lo hizo Alberto Fujimori al cerrar el congreso de Perú en 1992; lo intentó el ex presidente hondureño Manuel Zelaya al convocar a una ilegal asamblea constituyente contra de la decisión del congreso y de la Corte Suprema de su país y también Evo Morales cuando intentó robarse la elección de 2019 en primera vuelta.
La tesis del populismo (el autoproclamado ¨mesías¨ que dice representar al pueblo) se basa en la popularidad inicial de quienes quieren ser caudillos y autócratas, pero la democracia implica también el respeto a la institucionalidad.
Eso no lo entiende Bukele, quien llegó al poder en 2019 en El Salvador, y luego de fracasar en su intento de pasar una ley enviando a miembros del ejército al parlamento, en febrero de 2020, para presionar a los congresistas a financiar su estrategia de seguridad, ahora se impone por una vía, aparentemente, constitucional
Por eso, especialmente en América Latina debemos estar atentos al contenido y métodos de candidatos electorales, no vaya a ser que pase como a los venezolanos que decían: “…eso no va a pasar aquí, no somos Cuba”.
Ariel Segal Blog 
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