En mayo de este año, el ex guerrillero Rodrigo Londoño, alias Timochenko, le escribió una carta a su camarada de armas de las FARC, Iván Márquez, en la cual le criticaba su decisión de abandonar la política e internarse de nuevo en la selva a raíz de la polémica que se suscitó en partido político creado por ellos.
El detonante de esta crisis ocurrió por el caso de Jesús Santrich, el congresista ex FARC, capturado por la policía colombiana en abril de 2018 por la acusación de un juzgado estadounidense de continuar vinculado a negocios con el narcotráfico.
VIDEO DE ABRRIL DE 2018
De acuerdo a lo negociado en el proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, los dirigentes de las FARC deben ser juzgados por instituciones especiales llamadas Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que no pertenecen a los del sistema jurídico del estado colombiano. El gobierno de Duque se vio obligado a cumplir con este requisito y Santrich fue juzgado por una sala de la JEP, que tomó la decisión de no extraditarlo y otorgarle la libertad.

Entonces, un fiscal decidió enviarlo de nuevo a prisión y la Corte Suprema ordenó su liberación, pero cuando el otra vez el guerrillero debía presentarse en esa instancia, el 9 de julio, se fugó, aparentemente, a Venezuela.

En el artículo publicado en el diario El País, «La Desaparición de Santrich” (2-7-19), su autor, Ariel Ávila, reconoce que: “…A pesar del saboteo, de la estrategia de la Fiscalía General de torpedear el proceso de paz y de las presiones del gobierno Duque para deslegitimar la justicia transicional, lo cierto es que con el caso Santrich se impuso el Estado de derecho, es decir, se le garantizó el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos políticos. Así que su desaparición es un golpe al acuerdo, pero también al Estado de derecho, a todas las instituciones que a pesar de la presión mantuvieron la ley…”.
En el reciente video, en el cual disidentes de las FARC anuncian que retoman la lucha armada, se encuentran Márquez, Santrich y otros, y culpan al gobierno de Duque de no respetar los acuerdos de paz. Sin embargo, el proceso al ex narco-congresista y la estadía de Londoño y otros miembros de la FARC en la política, demuestran que, sin estar de acuerdo, el gobierno colombiano ha respetado el acuerdo de impunidad que J.M. Santos dejó de legado para ganarse un Nobel de la Paz.

ALGUNOS INTERPRETAN EL PROCESO DE PAZ DE COLOMBIA COMO UNA CLAUDICACIÓN A LAS FARC. ¿ESTARÁ DANDO EL TIEMPO LA RAZÓN A QUIENES ASÍ PIENSAN?
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